El presidente del Principado, Francisco Álvarez-Cascos, pedirá el amparo de los tribunales si su nombre sigue vinculado a la trama Gürtel y dirige sus miras hacia sus antiguos compañeros del Partido Popular (PP). Ayer culpó directamente al partido que lidera Mercedes Fernández de tratar de perjudicarle en las elecciones autonómicas del 25 de marzo a través de su “silencio e irresponsable pasividad” y advirtió de que adoptará “cuantas medidas legales me amparen en la defensa de la verdad” de unos hechos que, según sostiene, “interfieren claramente en el desarrollo del proceso electoral de Asturias”.
El primer paso lo dio ayer. Utilizó la vía del requerimiento notarial para que quede constancia de su solicitud para que el PP facilite los datos de las empresas que contrataron servicios para el partido conservador en las campañas electorales municipal y autonómica de 2003 y las campañas generales y andaluzas de 2004. También reclama la documentación de las empresas Rialgreen, Spinaker 2000 y Asian Deluxe Group y las cantidades presupuestadas y pagadas que figuren en su contabilidad de las que ha rendido cuentas al Tribunal de Cuentas por los servicios prestados a las campañas de 2003 y 2004; unos datos que le exonerarían de cualquier relación con el caso.
Entre la amplia documentación que interesa incluye los contratos suscritos y sus procedimientos de adjudicación, con los nombres de las personas que los adjudicaron y de las sociedades o personas físicas adjudicatarias para llevar a cabo las campañas electorales de esos años, así como, los soportes en los libros de facturas y diario de los datos anteriores referidos a esas empresas.
Álvarez-Cascos lleva dos días consecutivos desmintiendo al diario El Mundo, que extractaba un informe interno de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) con acusaciones que, a juicio del presidente, son además de “falsas suposiciones”, una clara “injerencia” en la objetividad del proceso electoral y una vulneración del derecho constitucional a participar en elecciones “libres en pie de igualdad”. El requerimiento incide en que desde la sede de Génova se certifique quiénes eran los responsables que en esas fechas ocupaban la secretaría general y la dirección de las campañas. En el XIV congreso del PP de 2002 ocupaba la secretaría general Javier Arenas, su candidato el 25-M en Andalucía. Dos años después le relevó Ángel Acebes. El rotativo madrileño establecía una conexión entre la organización del presunto cerebro de Gürtel, Francisco Correa, y la etapa en la que Cascos fue ministro de Fomento con José María Aznar entre 2000 y 2004. Aludía a varios contratos de Aena cuando él ocupaba el cargo y, una vez que lo abandonó, a un supuesto cobro de 70.000 euros a una empresa suya de una de las sociedades del grupo que dirigía Correa. El diario madrileño señalaba como presuntos receptores de esas comisiones a Luis Bárcenas (ex diputado y ex tesorero del PP), Gerardo Galeote (ex eurodiputado), Jesús Sepúlveda (ex alcalde de Pozuelo de Alarcón), Jesús Merino (ex diputado) y un quinto que aparece como P. A. C. y que fuentes de Anticorrupción identifican como Álvarez-Cascos.
El secretario de organización de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Jesús Gutiérrez, reclamó ayer al presidente que explique “su vinculación con la trama corrupta Gürtel” y aseguró que Cascos “está noqueado políticamente a día de hoy, y hay que saber si estará también noqueado judicialmente. Sería lamentable y penoso que tuviera que pasar por los tribunales”.
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