“Es otro embrollo más en el que nos mete el Gobierno”. El presidente de la Junta General, Fernando Goñi, sonó ayer hastiado tras presidir la reunión de la Mesa de la Diputación Permanente. Sus cinco miembros analizaron la admisión a trámite de la ley solicitada la semana pasada por el Principado, que reclama la autorización del Parlamento para solicitar créditos por valor de 486 millones de euros. La oposición --PSOE y PP, puesto que IU no está representada-- dejó claro que, a la vista del informe jurídico del letrado mayor de la Cámara inclina por rechazar la propuesta. El dictamen considera inadecuado trasladar la potestad legislativa del pleno a la Diputación La Mesa, en todo caso, aplazó su decisión definitiva hasta que el Ejecutivo remita información complementaria sobre el proyecto.
Más contundente que Goñi fue el PSOE. Los socialistas se atienen a las conclusiones del letrado, expuestas de forma contundente en un documento que acumula 17 páginas de argumentos contra la postura del Gobierno. “Es una opinión clara, taxativa y precisa. La pretensión del Principado es imposible desde un punto de vista jurídico y técnico. Y eso con independencia del contenido de la ley, que también es tramposo”, señaló el portavoz del grupo, Fernando Lastra.
La mesa quiere más información para saber a qué planea dedicar el dinero el Gobierno. Lastra señala abiertamente que no confía en que se dedique exclusivamente a inversiones, como marca la ley. Los dos representantes de Foro, Pelayo Roces y Cristina Coto, le acusaron de perjudicar a los asturianos y pidieron “voluntad política” para no hacer caso al informe, que no es vinculante.
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