El 50 por ciento de la plantilla de la empresa Armaduras del Norte (Armanorte), de Cudillero, será despedida como consecuencia de la caída en picado de la obra pública. Empresa y representantes de los trabajadores llegaron ayer a un acuerdo para presentar un ERE de extinción de contratos que afecta a 36 de los 72 empleados de la compañía, que no se ha acogido a la nueva normativa laboral impuesta con el decretazo del Gobierno de Mariano Rajoy.
El Grupo Armatek, al que pertenece la fábrica radicada en el polígono industrial de Valdredo, tiene como actividad principal la elaboración, suministro y montaje en obra de armaduras pasivas (ferralla) para hormigón estructural y servicios complementarios como el bombeo de hormigón en obra. Las infraestructuras públicas como autovías y ferrocarriles, así como la construcción en general, son los principales clientes del grupo que ha entrado en recesión como consecuencia de la crisis económica.
Durante la jornada de ayer la empresa se reunió con representantes sindicales de los trabajadores para ultimar un acuerdo que finalmente supondrá una indemnización de 30 días por año trabajado para cada uno de los empleados afectados por los despidos. “Se trata de 23 días más una mensualidad completa y un complemento”, explicó José Antonio Piñera, secretario de acción sindical de la UGT de Avilés, que formó parte de la representación de los trabajadores en la negociación del ERE con la empresa.
Piñera señaló que no se pudo alcanzar el tope de los 45 días por año trabajado al no producirse el mismo por “causas improcedentes”. Al mismo tiempo, se acordó la creación de una bolsa de trabajo para que los empleados afectados por los despidos puedan ser los primeros en ser contratados de nuevo, si las condiciones mejoran y la empresa vuelve a retomar los pedidos y mejora su actividad.
El ERE que ha sido remitido a la Dirección Provincial de Trabajo y tiene un periodo de 15 días para su tramitación, ha sido justificado por “razones económicas motivadas por la baja carga de trabajo”.
La salida de los empleados no se producirá de forma inmediata sino que los despidos se irán realizando gradualmente y de forma progresiva hasta el 31 de diciembre de este año, en función de las necesidades de la compañía, que ha visto frenada bruscamente su actividad por el parón de las infraestructuras públicas, que mueven cientos de empresas y miles de puestos de trabajo.
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