A solo tres días de la declaración como imputado de Iñaki Urdangarín por presunto desvío de fondos públicos, el rey Juan Carlos lanzó ayer en Barcelona lo que parece un nuevo mensaje velado sobre el caso Nóos y contra la cascada de noticias sobre los manejos económicos del duque de Palma.
La Constitución, dijo el monarca, atribuye a los jueces “en exclusiva” la misión de juzgar y ejecutar las sentencias. Aún en la memoria su ya célebre subrayado navideño sobre cómo “la justicia es igual para todos”, el monarca habló ayer sobre la primacía de los jueces en presencia del presidente del Poder Judicial, Carlos Dívar, y durante la entrega de despachos de la 62ª Promoción de la Carrera Judicial.
El monarca se pronunció en esos términos un día después de que, procedente de Filadelpia (EEUU), su yerno aterrizase en el aeropuerto madrileño de Barajas para prepararse ante el interrogatorio del sábado. ¿Se entrevistó Urdangarin esa tarde, la del martes, con el jefe del Estado y el príncipe heredero? La Casa Real, que en los últimos tiempos ha mostrado un cierto aperturismo mediático, rehusó ayer dar explicaciones. La Zarzuela “ni confirma ni desmiente” el encuentro, cuya celebración, de existir, “afectaría al ámbito privado de la familia real”. El martes, el rey regresó a las cinco de la tarde a Madrid tras haber viajado a Bilbao, recalcaron fuentes conocedoras de ese extremo.
La alusión a la intimidad del núcleo familiar del jefe del Estado llega dos meses después de un hito clave en esta historia: el momento en que, el 12 de diciembre, el portavoz de la Casa Real anunció que Urdangarin quedaba apartado de la agenda porque su comportamiento “no ejemplar”.
En esas fechas, Público acababa de desvelar un informe de Hacienda que cifra en 5,8 millones el importe de las adjudicaciones a dedo que Urdangarin logró de la Generalitat valenciana y el Govern balear para su ONG Instituto Nóos. El informe destapa un segundo dato aún más comprometedor: una cantidad idéntica a la obtenida del erario público acabó en las cuentas de varias empresas controladas por el duque de Palma y/o su socio, Diego Torres. El trasvase se produjo mediante la supuesta prestación de servicios por parte de esas compañías, a las que el juez considera parte de una “trama societaria” diseñada para “apoderarse de fondos públicos”. Anticorrupción no se cree que tales servicios existieran. Y ve en los hechos indicios de malversación, prevaricación, falsedad y fraude.
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